Ribera amenaza con llevar al Constitucional a las comunidades que no apliquen su decretazo

El Gobierno se plantea llevar al Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas que no apliquen el polémico decreto de «ahorro energético» que entrará este miércoles en vigor y que, entre otras medidas, limita la temperatura en los establecimientos y obliga al apagado de los escaparates.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este martes en una entrevista en la Cadena SER que, si bien la intención no es «sancionar» y hay que dar «un margen», es necesario «estar vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas». «No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», ha explicado.

En este contexto, no obstante, ha advertido que «si pasa el tiempo y aquí no pasa nada», habría que pensar «obviamente» cuáles son los recursos y «probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias» si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma.

Así, en el caso de que, una vez transcurrido el tiempo, no haya ninguna sanción por parte de las regiones, la ministra ha avisado que lo que prevé la Ley orgánica del Tribunal Constitucional respecto a los conflictos negativos de competencia es que en aquellos supuestos en los que la administración competente no ejerza las competencias puede ser apercibida por la otra administración.

«Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos», ha subrayado Ribera, quien ha añadido que «no se trata de una aplicación inmediata» y que la colaboración de las comunidades autónomas es «capital».

La ministra no ha concretado qué «margen» se dará a las comunidades autónomas para que hagan cumplir el decreto, que obliga a subir el aire acondicionado a los 27 grados en establecimientos comerciales, edificios públicos o cines -con alguna excepción para cumplir con la ley de salud de los trabajadores- y a apagar los escaparates a partir de las 22 horas. «Si pasan los días o si mañana hay un problema serio porque no se aplica, nos podríamos en contacto con la comunidad y no esperaríamos semanas o meses. Pero lo que tenemos que hacer es favorecer y vigilar el cumplimiento, no sancionar inmediatamente”, ha precisado.

Críticas

El Gobierno no piensa modificar el decreto que entrará en vigor este miércoles, pese a las críticas de varias comunidades autónomas. Las regiones gobernadas por el PP han reclamado a Ribera que retire las medidas que obligan a los comercios a regular la temperatura y a apagar los escaparates, algo a lo que la vicepresidenta se niega.

En respuesta, la Comunidad de Madrid ya ha avanzado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias autonómicas.

«Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al Tribunal Constitucional», escribió Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta en las redes sociales.